Licencias por causa psicológica, a la Justicia
Una comprobación inquietante provocó que el Municipio capitalino presentara una denuncia penal en la Fiscalía neuquina: registró que 39 empleados permanecían con licencia por causas psicológicas, y que en algunos casos llevaban más de mil días en esa condición.
Según informó el secretario de Gobierno, Marcelo Inaudi, la rápida estadística que se sacó sobre la prueba testigo del caso, es que la “licencia psicológica” arrojaba un promedio de 350 días por persona, con un costo estimado para la Municipalidad de 3.400.000 pesos al año.
Un caso sirvió como testigo para que se tuviera la casi certeza de estar ante un sistema irregular de “evasión laboral” en la Comuna: una de las empleadas de licencia, cursaba normalmente estudios precisamente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Flores. Se corroboró enviando un oficio a esa Universidad privada.
Inaudi destacó que ante tales evidencias, ordenó hacer una junta médica para todo el grupo de licenciados psicológicamente. Las conclusiones médicas no produjeron mayor sorpresa: la mayoría de los evaluados no presenta psicopatología alguna.
Además, los médicos “hacen ver una serie de irregularidades, acerca de la falsedad de la mayoría de los certificados”, dijo Inaudi este martes.
Tras la investigación interna, el Municipio decidió hacer una presentación penal ante la Fiscalía, ya que se estaría ante la muy posible realidad de que haya profesionales psicólogos que otorguen certificados “a pedido”, a empleados que no están enfermos. Lo que se conoce habitualmente, aunque imperfectamente, como “certificados truchos”.
El propio intendente Horacio Quiroga firmó la presentación ante la Justicia. En ese documento, se solicita a los fiscales que investigue también en las reparticiones públicas provinciales, incluido en el Consejo Provincial de Educación (CPE). También se elevó un oficio al ISSN, para confirmar si alguno de los empleados licenciados estuvo medicado.
Pero el peso de la investigación no caerá, obviamente, sobre los empleados estatales, sino sobre los profesionales médicos. Emitir certificación con falsedades está penalizado por la Ley, y castigado con penas que van de un mes a un año de prisión.